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Juan Carlos I. fue proclamado rey en 1975, tras la muerte del dictador Francisco Franco. Franco ya lo había designado en 1969 como futuro jefe de Estado. Durante la posterior transformación de España de una dictadura en una democracia parlamentaria, Juan Carlos apoyó las reformas políticas. Con la Constitución de 1978, España se convirtió en una monarquía parlamentaria. Desde entonces, el rey es el jefe de Estado, mientras que la dirección política corresponde al Gobierno elegido.

Juan Carlos recibió especial atención durante el fallido golpe de Estado militar del 23 de febrero de 1981. En un discurso televisado, se pronunció como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas a favor del orden constitucional. En años posteriores, la imagen de la monarquía se vio perjudicada, entre otras cosas, por las controversias públicas en torno a la Casa Real y las investigaciones contra su yerno. El 2 de junio de 2014, Juan Carlos anunció su renuncia a la Corona. Como motivos señaló la necesidad de un relevo generacional y de nuevas fuerzas para afrontar las tareas venideras.

La Constitución española no contiene una regulación detallada del procedimiento de abdicación. Sin embargo, establece que las abdicaciones y las dudas sobre la sucesión al trono deben regularse mediante una ley orgánica. Por ello, ambas cámaras del Parlamento tuvieron que aprobar la correspondiente ley. Con su entrada en vigor terminó el reinado de Juan Carlos.

Felipe VI., nacido en 1968, es hijo de Juan Carlos y de la reina Sofía. Como príncipe heredero ostentó el título de Príncipe de Asturias y fue preparado para su futura función como jefe de Estado. Tras la abdicación de su padre, fue proclamado rey ante las Cortes Generales, las dos cámaras del Parlamento español. A diferencia de una coronación, esta proclamación forma parte de la toma de posesión constitucional del cargo.

La emisión de la moneda documentó así un acontecimiento estatal poco frecuente: el primer relevo al frente de la monarquía española desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978. La representación conjunta del rey saliente y del nuevo rey alude a la continuidad constitucional y dinástica del cargo de jefe de Estado.