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La resolución 1325 fue aprobada por unanimidad por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 31 de octubre de 2000. Fue la primera resolución de este órgano que abordó explícitamente la relación entre los conflictos armados, las relaciones de género y la política de paz. La precedieron reivindicaciones de larga data de organizaciones de mujeres, así como acuerdos internacionales, entre ellos la Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing de 1995.

El Consejo de Seguridad constató que las mujeres y las niñas se ven afectadas de manera particular por las guerras y los desplazamientos, por ejemplo, a través de la violencia sexual. Al mismo tiempo, destacó que las mujeres no deben ser consideradas únicamente como personas necesitadas de protección, sino que deben participar en la prevención de conflictos, las negociaciones de paz, la reconstrucción y las decisiones políticas. La resolución insta a los Estados miembros de las Naciones Unidas, entre otras cosas, a aumentar la proporción de mujeres en las instituciones nacionales e internacionales, prevenir la violencia de género y perseguir los delitos correspondientes. Las misiones de paz y los programas humanitarios también deben tener en cuenta las distintas experiencias de mujeres y hombres.

La agenda de las Naciones Unidas «Mujeres, paz y seguridad» surgida de ella suele dividirse en cuatro ámbitos: participación, protección, prevención, así como asistencia de emergencia y reconstrucción. Resoluciones posteriores complementaron estas disposiciones, especialmente en lo relativo al tratamiento de la violencia sexual en los conflictos. Muchos Estados elaboraron planes de acción nacionales para aplicar los objetivos en la política exterior, de seguridad y de desarrollo.

Las mujeres representadas no son retratos de determinadas personalidades históricas. Representan a mujeres de distintos orígenes y sus diferentes roles en los conflictos y los procesos de paz.

Malta aprobó un plan de acción nacional para la aplicación de la agenda durante el período 2020 a 2024. Además, el país fue elegido en 2022 miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para los años 2023 y 2024. La emisión de la moneda también está relacionada con la dedicación de Malta en aquel momento a la política de seguridad multilateral y a la aplicación de esta agenda de las Naciones Unidas.