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El origen de la Cámara de Diputados está relacionado con la reorganización política de Luxemburgo en el siglo XIX. El Gran Ducado había sido creado en 1815 y, en un primer momento, estaba vinculado en unión personal al Reino de los Países Bajos. Tras la división territorial de 1839, el Luxemburgo restante obtuvo en 1841 una representación estamental. El movimiento revolucionario europeo de 1848 condujo posteriormente a una Constitución más liberal y a la creación de una Chambre des Députés elegida. Esta obtuvo competencias más amplias en materia de legislación, impuestos y presupuesto estatal.

Sin embargo, la representación popular de aquella época se basaba todavía en un sufragio restringido, vinculado especialmente al sexo y al patrimonio. No fue hasta 1919 cuando se introdujo el sufragio universal para mujeres y hombres. En el sistema parlamentario actual, la Cámara aprueba las leyes, autoriza el presupuesto y controla al Gobierno. Está compuesta por 60 diputados, elegidos en cuatro circunscripciones electorales mediante representación proporcional.

El edificio del Parlamento se encuentra en el centro histórico de la ciudad de Luxemburgo, justo al lado del palacio gran ducal. Fue construido en el siglo XIX específicamente como sede de la representación popular y se utiliza para la actividad parlamentaria desde 1860. La proximidad espacial de la Cámara y el palacio hace visible al mismo tiempo la coexistencia de ambos órganos constitucionales.

El Gran Duque Henri es desde 2000 el jefe de Estado de Luxemburgo. Sus funciones están limitadas por la Constitución; la responsabilidad política recae en el Gobierno, que debe rendir cuentas ante el Parlamento. La asociación de su retrato con la sede del Parlamento remite así al ordenamiento estatal de Luxemburgo como monarquía parlamentaria.

La elección de este tema se explica por el papel de 1848 como punto de partida de la institución parlamentaria actual. Por tanto, no se conmemora una decisión concreta, sino el desarrollo de la legislación representativa y de la participación constitucional de la población a lo largo de un extenso periodo.