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Malta estuvo bajo dominio británico desde comienzos del siglo XIX y en 1814 se convirtió formalmente en colonia de la Corona británica. Aunque ya existían órganos consultivos y, en parte, representantes elegidos, el poder de decisión política permaneció en gran medida en manos del gobernador británico y de la administración colonial. Las demandas de una mayor participación en la toma de decisiones se vincularon con conflictos sobre los impuestos, el abastecimiento, la lengua y la posición de la Iglesia católica.

Después de la Primera Guerra Mundial, las dificultades económicas, el desempleo y el aumento de los precios de los alimentos agravaron las tensiones. El 7 de junio de 1919 se produjeron protestas en Valletta contra la administración colonial. Los soldados británicos dispararon contra los manifestantes; cuatro malteses murieron como consecuencia de los disturbios. Este episodio, conocido como «Sette Giugno», aumentó la presión política para conceder a Malta órganos de gobierno propios.

El nuevo orden constitucional estableció un parlamento bicameral con una asamblea legislativa y un senado. A partir de la mayoría parlamentaria podía formarse un gobierno maltés, responsable de una parte de los asuntos internos. Al mismo tiempo, determinados ámbitos, especialmente la defensa y la política exterior, permanecieron reservados a la Corona británica y al gobernador. Debido a esta división, el sistema suele denominarse diarquía, es decir, un gobierno compartido. Todavía no se trataba de la independencia estatal, sino de un autogobierno limitado dentro del Imperio británico.

El orden constitucional no resultó estable a largo plazo. Los enfrentamientos entre los partidos malteses, la Iglesia y la administración colonial provocaron en ocasiones la suspensión del autogobierno. No obstante, con él se creó por primera vez un gobierno maltés responsable ante el parlamento.

El motivo formaba parte de una serie maltesa de monedas dedicada a las etapas de la historia constitucional. Esta también abordaba la introducción de representantes elegidos, posteriores reformas parlamentarias, la independencia de 1964 y la proclamación de la república en 1974. El autogobierno se integraba en esta sucesión como paso intermedio entre la participación colonial y la soberanía estatal.